La subrepresentación de los colombianos en el exterior: una deuda democrática que Colombia sigue postergando

Hablar de la representación política de los colombianos en el exterior sigue siendo incómodo en Colombia.No porque el asunto carezca de importancia, sino debido a que requiere reconocer una contradicción significativa: el Estado demanda obligaciones, acepta la ciudadanía y se beneficia de las contribuciones financieras de millones de individuos en el exterior; no obstante, no les otorga un poder político equitativo en las decisiones que determinan el destino del país.

Ahora bien, desde la perspectiva de la diáspora, esta exclusión no se percibe únicamente como una discusión teórica. Se vive en la práctica, día a día, desde sus realidades, en los trámites consulares saturados, en las reformas que afectan directamente a quienes están fuera, en las decisiones presupuestarias tomadas sin consulta y en un Congreso que legisla sobre la vida de millones de colombianos sin escucharlos de manera real.

No se trata de una inconformidad aislada ni de una demanda netamente emocional. Se trata de una falla estructural del sistema democrático colombiano, sostenida en el tiempo y normalizada por la inercia política.

Reconocidos en el papel, excluidos en  la realidad 

No se puede negar que la Constitución Política de 1991 dio un paso fundamental al reconocer que los colombianos residentes en el exterior conservan plenamente sus derechos políticos. Ese reconocimiento rompió con la idea de que la ciudadanía estaba atada exclusivamente al territorio y abrió la puerta al voto desde el exterior.

Sin embargo, este avance constitucional no se tradujo en un diseño institucional coherente. Hoy, más de seis millones de colombianos viven fuera del país, pero su representación política se limita a una sola curul en la Cámara de Representantes y a ninguna representación propia en el Senado.

Esta desproporción no es menor. Significa que una población equivalente a cerca del 12 % de los colombianos tiene una participación prácticamente nula en el espacio que definen leyes, reformas constitucionales, presupuesto nacional y control político. Aun cuando Colombia paradójicamente, es uno de los países con mayor población migrante.

No es una idea radical: es una corrección democrática necesaria

Cuando se propone fortalecer la representación política de los colombianos en el extranjero, el debate tiende a terminar de la misma forma: con un "no" político que casi nunca es explicado a fondo. Se habla de la inviabilidad, de que no hay condiciones disponibles y de prioridades más urgentes. Pero casi nunca se responde la pregunta central, la que incomoda de verdad: ¿por qué millones de ciudadanos deberían conformarse con una representación que no guarda proporción con su tamaño, su impacto económico ni su vínculo permanente con el país?

En la práctica, ha sido el propio Congreso de la República quien ha frenado cualquier intento de ampliar la representación de la diáspora. No  por falta de propuestas, sino por falta de voluntad política. Tal como lo hemos abordado en ColombiaHub al analizar cómo el Congreso les ha dado la espalda a los migrantes colombianos cuando se discuten nuevas curules.

Abordar esta temática es clave porque deja claro que la subrepresentación no es un vacío accidental ni un descuido institucional. Es el resultado de negativas explícitas adoptadas en escenarios formales de toma de decisiones.

¿Cuál es la propuesta? 

De modo que la propuesta presentada no es innovadora. No tiene como objetivo modificar el equilibrio institucional ni establecer privilegios extraordinarios. Es, en esencia, una pequeña rectificación democrática ante una distorsión manifiesta. Porque hay una realidad que Colombia ya no puede pasar por alto: la presencia de una comunidad extensa, variada y constante de colombianos que residen fuera del país, pero continúan siendo miembros activos de la nación.

La elección de dos senadores, el fortalecimiento de la Cámara con una segunda curul y la garantía de que los colombianos en el exterior no pierdan su derecho a votar en la circunscripción internacional no representan un exceso. Simboliza un ajuste razonable para que la representación política deje de ser simbólica y empiece a ser efectiva.

No se trata de inflar el Congreso ni de multiplicar cargos.

Se trata de algo más básico y más incómodo para el poder: hacer al Congreso verdaderamente representativo de la Colombia real, entendida también más allá de sus  fronteras.

Colombia frente a otras democracias

El argumento de la inviabilidad se debilita aún más cuando Colombia se compara con otros países. Estados como México, Ecuador, Italia o Portugal han entendido que la democracia no termina en sus fronteras y han desarrollado esquemas de representación política para sus ciudadanos en el exterior.

En otros países, este debate se dio desde un lugar muy distinto al colombiano. No partieron de la pregunta de si era conveniente o no “dar” representación a sus migrantes, sino de una constatación simple: millones de ciudadanos seguían formando parte de la vida política del país, aunque ya no vivieran dentro de sus fronteras. A partir de ahí, el diseño institucional vino después.

A través de esa constatación, se fueron creando circunscripciones exteriores, más de una curul y mecanismos de participación política más estables. No como símbolos ni como excepciones pensadas para “cumplir”, sino como ajustes necesarios para que la democracia no se quedara anclada a una idea territorial que ya no reflejaba la realidad social. Lo contrario habría significado aceptar, sin decirlo abiertamente, que salir del país implicaba resignarse a tener menos voz política.

Colombia, en cambio, sigue atrapada en una visión territorial de la democracia que ya no responde a su realidad social ni demográfica.  

Cuando el Congreso decide quién merece representación

En el debate colombiano hay una idea que se repite casi sin cuestionarse: que la representación política de los colombianos en el exterior depende de si el Congreso “quiere” o no abrir ese espacio. Como si se tratara de una concesión, de algo que se puede otorgar o negar según el clima político del momento.

Plantear el problema de esa manera termina desdibujando lo que realmente está en juego. No se trata de una discusión jurídica abstracta ni de una interpretación final de la Constitución, sino de algo mucho más básico: qué entendemos por ciudadanía en una democracia. Cuando la participación política se presenta como algo que puede concederse o negarse según el lugar donde se viva, lo que se está haciendo es condicionar la ciudadanía misma.

Los colombianos que viven fuera del país no están pidiendo un trato especial ni reclamando ventajas adicionales. Están exigiendo algo mucho más básico: que su ciudadanía no valga menos por el hecho de haber migrado. Que no se tomen decisiones en el Congreso, que también les conciernen, de manera sistemática y sin su voz.

Cuando la representación se presenta como un “favor” legislativo, lo que se dice, en el fondo, es que hay ciudadanos de primera y de segunda categoría. Y esa idea, además de injusta, no tiene cabida en una democracia que se jacte de serlo.

El voto de los colombianos fuera del país

Lo que casi nunca entra en la conversación pública es la experiencia concreta de quienes intentan votar desde fuera del país. Antes de hablar de porcentajes o comparar elecciones, habría que mirar qué implica, en la práctica, ejercer ese derecho desde el exterior.

En el debate público suelen circular cifras sobre la participación electoral de los colombianos fuera del país sin mayor contexto. Aparecen números, se hacen comparaciones rápidas y, casi de inmediato, se instala una lectura simplificada: si no hay voto, es porque no hay interés.

Ese enfoque deja de lado las condiciones reales en las que muchas personas intentan participar y termina por construir el análisis a partir de los datos, sin considerar la experiencia que los produce.

Representación primero, participación después

En el debate colombiano, a menudo se plantea una especie de condición previa: que los colombianos en el exterior participen más para "merecer" una representación mayor. Es una lógica que se repite con naturalidad, pero que poco se pone en duda, como si la representación política fuera un galardón que se concede cuando las cifras son favorables y no un derecho que debería existir precisamente para facilitar la participación.

Visto de cerca, ese razonamiento invierte el orden de la democracia. La participación no surge en el vacío. Crece cuando existe representación, cuando hay referentes claros y cuando las personas sienten que su voto tiene un efecto real, y no que se diluye en una estructura que apenas las reconoce.

Negar representación por baja participación termina reforzando un círculo de exclusión: menos representación lleva a menos interés, y ese menor interés se utiliza luego como justificación para no corregir el problema. No es apatía lo que explica ese distanciamiento, sino la percepción —muchas veces fundada— de que la voz del exterior pesa poco en las decisiones nacionales.

Una diáspora presente cuando conviene, ausente cuando decide

En muchos aspectos, la relación entre el Estado colombiano y su diáspora es contradictoria. Cuando se discute acerca de las remesas, del consumo o de la contribución económica, los colombianos en el extranjero son visibles. Se les destaca por ser un actor importante para la estabilidad económica y por ser un soporte significativo para miles de hogares en el país.

No obstante, esa visibilidad se desvanece cuando la discusión pasa al ámbito de la política. En ese lugar, la diáspora ocupa nuevamente una posición marginal, con una representación que no muestra ni su magnitud ni su influencia. La ciudadanía parece movilizarse para algunas tareas —como votar simbólicamente, enviar dinero o realizar trámites—, pero se limita cuando tiene que participar de forma equitativa en las decisiones colectivas.

Esa asimetría no es casual. Responde a una forma de entender la migración como un fenómeno útil, pero políticamente molesto.

Representar no es inflar el Estado

Uno de los miedos que se presentan con frecuencia al discutir la expansión de la representación política es el costo. Se plantea el debate en términos de gasto público, como si la mera existencia de derechos supusiera un derroche institucional.

Sin embargo, la representación política no es un lujo ni una decoración administrativa. Es una de las bases mínimas de cualquier democracia que aspire a ser legítima. Un Congreso que mejor representa la diversidad auténtica del país no es un Congreso más amplio por capricho, sino uno que está más en consonancia con la sociedad a la que dice representar.

Reducir este debate a una ecuación de costos pasa por alto lo fundamental: el costo democrático de la exclusión suele ser mucho mayor que el de la inclusión.

Lo que está en juego no es una curul, es el vínculo democrático

Al final, la discusión sobre la representación de los colombianos en el exterior no se agota en el número de curules. Lo que está en juego es algo más profundo: el tipo de vínculo que el Estado decide mantener con millones de ciudadanos que, aunque viven fuera del país, siguen formando parte de su vida política, económica y social.

Una democracia que se construye dejando a una parte significativa de su ciudadanía en los márgenes no falla por descuido. Falla porque acepta esa exclusión como normal.

Una corrección que ya no admite más aplazamientos

La subrepresentación de los colombianos en el exterior no es un problema técnico ni una discusión menor sobre diseño institucional. Es una señal clara de cómo funciona hoy la democracia colombiana y de a quiénes sigue dejando en los márgenes. Durante años, millones de ciudadanos han sido reconocidos cuando conviene —para votar simbólicamente, para enviar remesas, para cumplir trámites—, pero ignorados cuando se trata de tener una voz proporcional en las decisiones que también los afectan.

No estamos hablando de un grupo que esté aislado o desconectado con la vida del país. Nos referimos a las personas que siguen vinculadas con el país por razones políticas, económicas, culturales y familiares, y que continúan participando aunque el sistema no esté creado para ellos. La falta de representación no es consecuencia del desinterés, sino de un modelo que no se ha acomodado a una realidad migratoria que Colombia ha experimentado durante décadas.

No supone crear privilegios ni modificar la esencia del sistema democrático corregir esta situación. Significa, simplemente, aceptar que la ciudadanía no se interrumpe al emigrar y que no es posible que la democracia continúe operando como si millones de colombianos no existieran en términos políticos.