De una ciudadanía fragmentada a una exclusión que ningún debate constituyente serio puede seguir ignorando
Cada vez que Colombia entra en una discusión constituyente, se vuelve evidente algo que el país ha preferido no mirar de frente: no todas las voces pesan lo mismo cuando se define el futuro nacional. Aunque la Constitución reconoce una ciudadanía sin distinción territorial, en la práctica, el debate político sigue girando en torno a quienes habitan dentro de las fronteras, mientras que quienes viven fuera quedan desplazados a un segundo plano, como si su pertenencia a la nación fuera menos determinante.
Millones de colombianos en el exterior mantienen vínculos permanentes con el país. No solo a través del voto o de las remesas, sino también mediante relaciones familiares, decisiones de vida atravesadas por la política nacional y una conexión constante con lo que ocurre en Colombia. Sin embargo, cuando se trata de pensar el propio diseño del Estado, su presencia se diluye. No porque estén ausentes, sino porque el sistema político ha decidido no incorporarlos de manera sustantiva en los espacios donde se define el poder.
Una eventual Asamblea Constituyente que no aborde esta exclusión de fondo no estaría ampliando la democracia. Estaría reproduciendo un modelo de ciudadanía desigual, en el que el ejercicio pleno de los derechos políticos depende del lugar de residencia y no de la condición de ciudadanía.
Una ciudadanía definida desde el territorio, no desde la pertenencia
La exclusión de los colombianos que están fuera del país no es circunstancial ni accidental. Surge de una concepción histórica que ha determinado, casi en exclusiva, la ciudadanía a partir del territorio. Siguiendo esta lógica, dejar el país significa renunciar a la centralidad política, aunque no se pierda el derecho formal de participar ni la nacionalidad.
Durante décadas, el Estado colombiano ha mantenido una relación incompleta con su diáspora. Reconoce su existencia administrativa, pero no la integra plenamente en el espacio en el que se toman las decisiones estructurales. El colombiano que migra sigue siendo ciudadano en el papel, pero su capacidad real de incidir se debilita.
Este enfoque ignora algo que el Estado se ha resistido a mirar con honestidad: Colombia no se queda en el mapa. Continúa en quienes un día se fueron y siguen llamando hogar a un país que los atraviesa todos los días, aunque vivan lejos. Está en las decisiones que toman pensando en sus familias, en la forma en que cada elección, cada reforma y cada crisis nacional siguen teniendo efectos en sus vidas. Aferrarse a una idea de ciudadanía atada solo al territorio es desconocer esa Colombia que ya cambió, que se mueve, que se extiende y que no cabe dentro de una frontera. Es cerrar los ojos ante una transformación social, política y humana que ya ocurrió.
Participar sin incidir: cuando los derechos se quedan a mitad de camino
La fragmentación de la ciudadanía se manifiesta de manera concreta. Existe participación, pero con efectos limitados. Existen mecanismos, pero con escasa capacidad para transformar las decisiones. Existe voto, pero con una representación política que no refleja el peso real de la diáspora.
Esta situación ha producido una forma de participación que cumple con el requisito formal, pero carece de incidencia efectiva. Los colombianos en el exterior pueden estar presentes en el proceso democrático, pero rara vez influyen de manera decisiva en su orientación.
Cuando la participación no se traduce en poder político, la democracia no tiene sentido. Y cuando ese vacío se normaliza, el problema deja de percibirse como una injusticia estructural.
La normalización de una exclusión
Con el paso del tiempo, esta ciudadanía fragmentada se fue volviendo normal. Se instaló en la rutina del sistema político sin generar demasiadas preguntas. Poco a poco, la diáspora quedó arrinconada en un lugar cómodo para el Estado: visible, pero no central; reconocida, pero sin verdadero peso en las decisiones.
Las consecuencias no son solo políticas. También atraviesan lo simbólico y lo cotidiano: afectan la forma en que millones de personas se piensan a sí mismas dentro de la nación, la manera en que se sienten parte —o no— de un proyecto común. Reduce la idea de pertenencia y debilita el vínculo entre el Estado y millones de ciudadanos que siguen siendo parte activa de la nación. Cuando la exclusión se normaliza, exigir derechos empieza a verse como un exceso, y no como lo que realmente es: un acto democrático legítimo.
Una constituyente con un déficit democrático de origen
Una Asamblea Constituyente que no incorporara de manera efectiva a los colombianos en el exterior nacería con un profundo problema de legitimidad. No sería un error técnico ni una omisión menor, sino una exclusión estructural en el momento fundacional del orden político.
Una Constitución no es solo un conjunto de normas. Es un pacto que define quiénes tienen voz cuando la nación se piensa a sí misma. Dejar por fuera a millones de ciudadanos en ese momento equivale a consagrar una ciudadanía de distintos niveles.
No es inclusión vacía, es igualdad política
Incluir a los colombianos en el exterior en un proceso constituyente no es un acto de amabilidad ni una concesión del poder político. Es una exigencia democrática básica. La igualdad no puede depender del lugar donde se duerme o se trabaja, sino del hecho de seguir siendo parte de una misma comunidad nacional.
Si Colombia decide reescribirse, tiene que hacerlo mirándose con honestidad, tal como ya es. Un país que no termina en sus fronteras, que se prolonga en millones de vidas que transcurren lejos del territorio, pero siguen atadas al mismo destino. Vidas que siguen pendientes de lo que ocurre en casa, que cargan al país en las decisiones cotidianas, en los vínculos familiares, en la esperanza de ser reconocidas como parte de un mismo nosotros.
Una Constitución que no asuma esa realidad no solo quedaría incompleta. Quedaría distante de la gente real, de sus trayectorias, de la manera en que hoy se vive y se siente la nación.
La pregunta final no es retórica ni abstracta. Es profundamente política y humana:
¿Puede llamarse democrática una Constitución que vuelve a excluir a millones de sus propios ciudadanos justo cuando decide redefinir el país?
Preguntas frecuentes (FAQ)
¿Por qué es clave incluir a los colombianos en el exterior en una Constituyente?
Porque una Constitución define el pacto político de toda la nación, no solo de quienes viven dentro del territorio. Millones de colombianos en el exterior siguen siendo ciudadanos plenos y se ven afectados por las decisiones del país, por lo que su exclusión debilita la legitimidad democrática del proceso.
¿Qué significa “ciudadanía fragmentada” en el contexto de la diáspora?
Significa que, aunque existen derechos formales como el voto, en la práctica la participación no siempre se traduce en incidencia real. Es una ciudadanía que se reconoce en el papel, pero que a menudo pierde peso político cuando se toman decisiones estructurales.
¿La participación de la diáspora sería solo un gesto o un principio democrático?
Es un principio democrático. La igualdad política no debería depender del lugar de residencia, sino de la pertenencia a la comunidad nacional. Incluir a la diáspora no es “conceder”, es reconocer un derecho.
¿Qué riesgos tiene redactar una Constitución sin representación real de la diáspora?
El principal riesgo es consagrar una ciudadanía desigual, donde la capacidad de decidir depende del territorio. Además, una Constituyente que excluya a millones de ciudadanos nacería con un déficit de legitimidad y quedaría desconectada de la realidad transnacional del país.
¿Cómo debería verse una inclusión “real” de los colombianos en el exterior?
Una inclusión real implica canales efectivos de participación e incidencia, no solo mecanismos formales. Significa diseñar reglas y espacios donde la voz de la diáspora pueda influir en deliberaciones, propuestas y decisiones del proceso constituyente.