Lo que no se está diciendo sobre sus efectos en las elecciones nacionales 

Durante mucho tiempo, el voto de los colombianos en el exterior fue algo de lo que casi no se hablaba. Existía, claro, pero no parecía importar demasiado. No ocupaba titulares, no generaba debates y rara vez aparecía en las discusiones políticas de fondo. Para muchos, era un derecho lejano, casi simbólico, como si quienes se fueron del país también hubieran quedado al margen de la vida política.

Hoy hay millones de colombianos viviendo fuera del país. No porque planearan irse, sino porque quedarse ya no era una opción. Y aunque no somos solo cifras o números, más de un millón de colombianos en el exterior están habilitados para votar en 2026, según la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Ese número ya no es menor. No es anecdótico. Es comparable al peso electoral de varios departamentos del país. Y en un escenario político tan fragmentado como el colombiano, donde muchas decisiones se definen por uno o dos votos, ninguna curul es irrelevante. Tampoco la del exterior.

El problema es que ese peso electoral no está acompañado de las mismas garantías que existen en el país. Mientras en Colombia el proceso está rodeado de testigos, jurados sorteados, escrutinios sucesivos y vigilancia ciudadana, en el exterior el panorama es muy distinto. Allí, todo el proceso termina concentrado en una sola figura: el consulado.

Eso no es un detalle menor. Cuando una democracia deja tantas funciones electorales en una misma mano, el riesgo no es hipotético. Es estructural.

La jugada maestra 

La circunscripción internacional se creó con una idea que pocos cuestionan: representar. La creación de la circunscripción internacional respondió a una intención legítima: dar representación política a quienes viven fuera del país. El problema es que esa intención quedó incompleta. Es decir, no se consideró un diseño institucional que protegiera el proceso frente a las presiones políticas. Las funciones diplomáticas y electorales quedaron mezcladas, no se establecieron auditorías permanentes y la participación de la diáspora como contrapeso nunca se desarrolló de manera efectiva.

Y cuando un sistema nace sin defensas, termina siendo usado. No siempre de manera ilegal. A veces basta con usarlo de forma conveniente.

En ese contexto aparece una práctica que suele pasar desapercibida, casi nunca se discute en el país, pero que, de alguna manera, genera una duda un tanto inquietante: la rotación acelerada del personal en embajadas y consulados justo antes de los ciclos electorales. Sobre el papel, es una facultad normal del gobierno . Nadie discute eso. La pregunta es otra: ¿qué pasa cuando esos cambios se producen en momentos clave?

La respuesta es importante cuando se trata del voto desde el exterior. Porque los consulados no tienen un papel secundario. Son los que llevan a cabo la inscripción de votantes, la organización de las mesas, el resguardo del material electoral, la gestión de las urnas, el transporte de las actas y el reporte de los resultados. En el proceso de votación en el extranjero, casi todo lo realiza el consulado.

Por eso, cambiar de forma masiva al personal consular en la antesala de una elección no es un movimiento neutro. No hace falta cambiar la ley ni tocar el sistema. Basta con cambiar a quienes lo operan.

Y todo esto ocurre lejos del foco mediático, lejos del debate público y sin una observación permanente desde la propia diáspora. No necesariamente estamos hablando de fraude visible. Estamos hablando de algo más silencioso, más difícil de probar y, por eso mismo, más peligroso: un sistema que permite inclinar el terreno sin que nadie lo note a tiempo.

¿Cómo protegen el voto exterior otras democracias?

Para dimensionar las debilidades del modelo colombiano, no es necesario especular ni exagerar. Tan solo basta con  observar cómo otros países con diásporas amplias han organizado el voto desde el exterior, partiendo de una premisa básica: la diplomacia no puede concentrar la autoridad electoral.

Y no hablamos necesariamente de sistemas perfectos, sino de diseños institucionales que buscan reducir riesgos y separar funciones.

Italia: representación política con escrutinio centralizado

Italia reconoce formalmente el voto de sus ciudadanos en el exterior a través de la Circoscrizione Estero, creada por la Ley 459 de 2001, que regula el ejercicio del sufragio fuera del territorio nacional.El voto se ejerce principalmente por correo y el proceso está regulado por las autoridades electorales nacionales, bajo la coordinación del Ministerio del Interior italiano.

Los consulados cumplen un rol operativo —como el envío y la recepción del material electoral—, pero el proceso está integrado al sistema electoral nacional; no se resuelve de manera autónoma por las oficinas consulares

España: censo nacional y escrutinio fuera del consulado

El Censo de Electores Residentes Ausentes (CERA) es el mecanismo en España para administrar el voto desde el extranjero; las autoridades del censo lo gestionan y las juntas electorales lo supervisan.

Los consulados sirven como oficinas de enlace para ciertos procedimientos, pero no son responsables de decidir ni de concentrar el proceso electoral. El escrutinio es , pues, un componente  clave del sistema electoral nacional y sigue normas públicas y verificables.

México: el voto exterior bajo control del órgano electoral

El Instituto Nacional Electoral (INE), una entidad electoral autónoma que no depende del poder ejecutivo, gestiona el sufragio de los ciudadanos que viven fuera de México.

De modo que, a diferencia de Colombia, en México es el INE quien se encarga de la gestión, la organización del proceso y el cómputo de los procedentes del extranjero. Lo que significa  que los consulados no cumplen funciones electorales decisivas, sino que sirven como centros de apoyo y asesoramiento para los trámites.

La propuesta: una unidad electoral exterior

Si el inconveniente es netamente  estructural, no se puede limitar la respuesta a la crítica. El debate debe avanzar hacia una solución institucional,específica, factible y cuantificable.

Una alternativa factible es establecer una Unidad Electoral Exterior en la Registraduría Nacional del Estado Civil, que cuente no solo  con autonomía operativa, sino también  con responsabilidades concretas para administrar el voto de los colombianos en el extranjero.

No es cuestión de crear una burocracia más, sino de trasladar conjuntamente las funciones electorales que actualmente están dispersas o centralizadas en instancias diplomáticas a un organismo técnico cuya única obligación sea asegurar el derecho al voto mediante reglas precisas y comprobables.

Esta unidad tendría la capacidad de asumir, de manera gradual y regulada, responsabilidades como las siguientes:

• la organización del proceso electoral en el exterior,
• la supervisión y auditoría de los padrones consulares,
• la coordinación de jurados y personal electoral no vinculado a consulados,
• la custodia y trazabilidad del material electoral,
• el escrutinio o consolidación de resultados fuera de la estructura diplomática,
• Y la publicación transparente de resultados para la diáspora.

El objetivo no sería excluir a los consulados, sino delimitar su rol así : apoyo logístico y atención consular, no el control electoral.

¿Cuáles son las ventajas de esta reforma?

La creación de una Unidad Electoral Exterior tendría efectos concretos en la calidad democrática del proceso, sin necesidad de reformas constitucionales.

Entre sus principales ventajas estarían:

Separación clara de funciones Diferenciar lo diplomático de lo electoral reduce la concentración de poder y alinea a Colombia con las prácticas comunes de otras democracias.

Mayor confianza en el voto exterior Cuando los procesos son auditables, trazables y gestionados por una autoridad electoral especializada, la confianza ciudadana aumenta, incluso en contextos de alta polarización como las elecciones presidenciales de este año  2026.

Reducción de riesgos institucionales No se trata de asumir una posición, sino de diseñar sistemas que no dependan de decisiones administrativas coyunturales para garantizar derechos fundamentales como el del voto en el exterior.

Viabilidad jurídicaMediante una ley ordinaria que establezca competencias, protocolos y mecanismos de control, sin necesidad de modificar la Constitución.

Fortalecimiento del vínculo con la diásporaUn sistema electoral claro, transparente y autónomo envía un mensaje político fuerte: el voto de quienes viven fuera del país importa y se protege.

Un tema sin resolver

Colombia ha mantenido un modelo en el que la votación exterior depende casi por completo de las estructuras consulares, que están sujetas a las decisiones del poder ejecutivo, mientras que otros países eligieron separar la gestión electoral de la diplomática.

Aunque esa diferencia no indica, por sí sola, irregularidades, a mi juicio representa un riesgo institucional que debe discutirse en público, especialmente cuando el voto exterior dejó de ser insignificante y empezó a ejercer una influencia política concreta.

Crear una Unidad Electoral Exterior no es un favor ni una concesión política. Es una forma de saldar una deuda pendiente con millones de colombianos que, aún lejos, siguen votando, opinando y sosteniendo al país.

El problema no es si el sistema está funcionando en este momento. La cuestión es si está listo para afrontar las presiones del futuro.