La producción y la personalización de pasaportes en Colombia están a punto de entrar en una nueva etapa. El país comenzará a utilizar, a partir de 2026, un nuevo modelo institucional cuyo objetivo es que el Estado asuma directamente la producción de libretas de pasaporte y documentos de viaje. Este nuevo esquema pone fin a una práctica que se había sostenido durante años en función de concesiones privadas.
Se ha comunicado que el anuncio representa un avance en la soberanía, la eficiencia y el control público. No obstante, también ha propiciado una discusión necesaria sobre la transparencia, los costos reales, la capacidad institucional y las garantías para los ciudadanos, en particular para quienes residen fuera del país y necesitan el pasaporte como documento fundamental para ejercer sus derechos esenciales.
¿En qué consiste el nuevo modelo de pasaportes?
El cambio central del nuevo modelo radica en que la Imprenta Nacional de Colombia asumirá la producción de las libretas de pasaporte, en articulación con la Casa da Moneda de Portugal, una entidad estatal con experiencia internacional en la fabricación de documentos oficiales de alta seguridad, como informó oficialmente la Cancillería.
Según el Gobierno, este esquema permitirá:
- Reducir la dependencia de proveedores privados.
- Fortalecer la soberanía tecnológica del Estado.
- Mantener estándares internacionales de seguridad.
- Garantizar la continuidad del servicio sin afectar a los ciudadanos.
Para coordinar la transición, la Cancillería creó el Comité Operativo para la Estructuración e Implementación del Nuevo Modelo de Libretas de Pasaportes, Documentos de Viaje y Visas (COEP), una instancia técnica encargada de acompañar la implementación del nuevo esquema, del cronograma y de la articulación institucional.
La creación de este comité quedó establecida mediante la Resolución 3534 de 2025 del Ministerio de Relaciones Exteriores, la cual fue incorporada al normograma oficial de la entidad.
En teoría, el modelo promete modernización. El reto es mucho mayor en términos prácticos.
Las alertas de los entes de control
A comienzos de 2026, la Contraloría General de la República encendió las alarmas. El ente de control advirtió sobre riesgos administrativos, técnicos y financieros asociados a la implementación del nuevo modelo, en particular en lo relativo a la personalización de los pasaportes, una de las fases más sensibles del proceso, según reportó Infobae.
Algunas de las inquietudes mencionadas son: la falta de claridad respecto a los costos totales del nuevo esquema, los riesgos para la capacidad operativa durante el periodo de transición y las posibles consecuencias negativas en el servicio si no se respetan los plazos fijados.
La Cancillería, por su parte, ha defendido el proceso, asegurando que el cronograma se mantiene, que existen planes de contingencia y que el cambio no generará interrupciones ni aumentos injustificados en el precio del pasaporte, como respondió oficialmente ante las advertencias del ente de control.
Cuando se manejan servicios que impactan directamente a millones de ciudadanos, la vulnerabilidad institucional queda al descubierto.
Lo que está en juego para los ciudadanos
El pasaporte no es un documento cualquiera. Para muchos colombianos, especialmente en el exterior, es la llave que permite no solo mantener un estatus migratorio regular, acceder a empleo, estudios o trámites consulares, ejercer el derecho al voto y a la identidad, sino también circular libremente sin quedar atrapados en vacíos administrativos.
Este documento hace parte del ecosistema de identificación del Estado colombiano, en el que también intervienen otras entidades como la Registraduría Nacional del Estado Civil, responsable del sistema de identificación ciudadana.
Cualquier falla en la producción, personalización o entrega del pasaporte conlleva consecuencias reales y, muchas veces, irreversibles. Retrasos, citas colapsadas o errores en el sistema no se traducen únicamente en incomodidades, sino también en derechos suspendidos.
Por esta razón, no se puede limitar la discusión sobre el nuevo modelo a cifras, contratos o discursos de las instituciones. Deben enfocarse en las repercusiones humanas de las decisiones públicas.
¿Cuándo entra en vigencia el nuevo modelo?
El Gobierno ha insistido en que el nuevo esquema comenzará a operar plenamente en 2026 y que habrá una etapa de transición, pensada para que el cambio no se perciba en la vida cotidiana de los ciudadanos. Sobre el papel, la promesa es clara: evitar filas interminables, trámites suspendidos o documentos represados.
Sin embargo, las advertencias de la Contraloría suscitan una duda legítima que no puede ignorarse. ¿Está el Estado realmente listo para asumir este reto sin improvisar? ¿Cuenta con la capacidad técnica, operativa y administrativa para que el pasaporte —un documento del que dependen planes de vida, trabajos, estudios y procesos migratorios— no vuelva a convertirse en un cuello de botella para millones de personas?
La experiencia reciente demuestra que los problemas en los trámites consulares suelen afectar primero —y con mayor fuerza— a los colombianos en el exterior, quienes dependen directamente de los servicios que presta la Cancillería a través de su red consular.
Para profundizar
Los ciudadanos todavía no han podido resolver muchos asuntos prácticos que surgen de este cambio en el modelo de elaboración y personalización de pasaportes: las garantías para los residentes fuera del país, los plazos reales para los trámites, los costos futuros y las capacidades operativas en los consulados.
En este sentido, una de las preguntas más recurrentes es si el nuevo modelo invalidará los documentos actuales. Al respecto, se prevé que los pasaportes vigentes mantengan su validez hasta su fecha de vencimiento original, por lo que no será obligatorio reemplazarlos de inmediato. No obstante, el factor económico sigue siendo un interrogante; aunque el Estado busca que la eliminación de intermediarios reduzca el precio, aún no existe certeza de si este ahorro se trasladará al bolsillo del ciudadano o si el costo oficial se mantendrá igual para financiar la nueva operación de la Imprenta Nacional.
Desde ColombiaHub seguiremos monitoreando este proceso paso a paso. En los próximos meses publicaremos guías claras y verificadas sobre cómo obtener o renovar el pasaporte colombiano bajo el nuevo modelo institucional, así como análisis sobre los derechos de movilidad, el acceso a documentos oficiales y el impacto de estas decisiones en los colombianos en el exterior.
La información oportuna también es un derecho. Y en un proceso de transición como este, el seguimiento ciudadano es clave.
Un cambio institucional que exige vigilancia ciudadana
El nuevo modelo institucional para la producción y personalización de pasaportes que entrará en vigencia en 2026 no puede leerse únicamente como un ajuste administrativo ni como un cambio de proveedor. Se trata de una decisión estructural del Estado colombiano que toca fibras sensibles: la soberanía tecnológica, el manejo de los recursos públicos, la capacidad institucional y, sobre todo, el ejercicio efectivo de derechos fundamentales como la movilidad y la identidad.
El hecho de hacerse cargo de la producción de pasaportes a nivel estatal puede constituir un progreso significativo en términos de autonomía y control. No obstante, ese progreso sólo será auténtico si se realiza una planificación rigurosa, se asegura de la total transparencia y se rinden cuentas constantemente. Las advertencias de los organismos de control no deberían considerarse como barreras políticas, sino como auténticas alertas en un proceso que incide en millones de personas tanto dentro como fuera del país.
Este cambio origina una inquietud adicional para los colombianos en el exterior: cualquier error en la transición conduce a trámites suspendidos, filas interminables, citas inalcanzables y derechos detenidos. No es una cuestión trivial. El pasaporte no es un lujo ni un procedimiento opcional: es una herramienta fundamental para trabajar, estudiar, regularizar la situación migratoria y ejercer la ciudadanía fuera de las fronteras.
Por lo tanto, el impacto que tiene esta actualización en la realidad de las personas es otro motivo por el que debe evaluarse este nuevo modelo, además de su viabilidad técnica. Lo que realmente importa no es si el Estado tiene la facultad de emitir pasaportes, sino si puede hacerlo en el momento adecuado, de manera eficiente y sin improvisaciones, sin que las consecuencias negativas de sus errores se trasladen a los ciudadanos.
Desde ColombiaHub, insistimos en que este proceso se mantenga bajo constante observación pública. La modernización institucional solo es legítima cuando fortalece los derechos, no cuando los pone en riesgo. Y en un país con antecedentes de opacidad en la gestión pública, la vigilancia ciudadana no es desconfianza: es responsabilidad democrática.
Preguntas frecuentes sobre el nuevo modelo de pasaportes 2026
¿Qué cambiará en la producción de pasaportes en Colombia en 2026?
El Estado colombiano asumirá directamente la producción de las libretas de pasaportes a través de la Imprenta Nacional, con apoyo técnico internacional. El objetivo es reducir la dependencia de proveedores privados y fortalecer la soberanía tecnológica.
¿Seguirán funcionando normalmente los trámites de pasaporte?
Según la Cancillería, habrá una etapa de transición diseñada para no afectar a los ciudadanos. Sin embargo, los entes de control han advertido riesgos operativos que podrían impactar tiempos de entrega si no se ejecuta correctamente.
¿Puede cambiar el precio del pasaporte?
El Gobierno ha indicado que no deberían existir aumentos extraordinarios y que los costos se ajustarían únicamente según variaciones oficiales como la inflación, aunque el impacto final dependerá de la implementación del nuevo modelo.
¿Afectará esto a los colombianos en el exterior?
Sí. Cualquier retraso en producción o personalización impacta primero a quienes dependen de consulados para trabajar, estudiar, viajar o mantener su estatus migratorio, por lo que la transición será especialmente sensible fuera del país.
¿Por qué la Contraloría emitió alertas?
El organismo de control advirtió posibles riesgos administrativos, financieros y de capacidad operativa en la implementación del nuevo esquema, lo que podría afectar la continuidad del servicio si no se corrigen a tiempo.