“Mientras los informes oficiales muestran cifras millonarias y una red diplomática en expansión, los colombianos en el exterior siguen enfrentando consulados colapsados, citas imposibles y poca rendición de cuentas. Aunque la Cancillería publica datos sobre el gasto público, la falta de desconexión por sede y la ausencia de indicadores de servicio revelan una transparencia más formal que real.”
la ilusión de la transparencia
En los portales oficiales del Estado colombiano, la transparencia parece cumplida. El Portal de Transparencia Económica (PTE.gov.co) muestra cada año el presupuesto aprobado para el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio, encargado de financiar embajadas y consulados. El propio sitio de la Cancillería publica mensualmente informes de ejecución presupuestal, con tablas y cifras de gasto.
A primera vista, podría decirse que el país ha avanzado hacia un modelo de gobierno abierto. Pero cuando un ciudadano intenta saber cuánto dinero recibe y gasta su consulado —por ejemplo, el de Nueva York, Madrid o Australia— el recorrido se vuelve caótico. Los datos están ahí, sí, pero dispersos, técnicos e incomprensibles. La transparencia se queda en la superficie: hay documentos, pero no claridad pública.
El problema no es la ausencia de información, sino la invisibilidad de su significado. Y en ese punto, la rendición de cuentas deja de ser un acto de gobierno abierto para convertirse en un trámite administrativo más.
Los números sí existen, pero no son claros
De acuerdo con los portales oficiales de la Cancillería de Colombia, en el informe Ejecución Presupuestal – Vigencia Acumulada a octubre de 2024 se refleja una asignación importante para la entidad, sin embargo, no detalla cuánto le corresponde a cada consulado. Los informes públicos permiten observar el total, pero no la distribución por cada sede consular.
Asimismo, el sitio oficial de la Cancillería publica mensualmente informes sobre la Ejecución Presupuestal del Fondo Rotatorio, con montos globales por rubro —arrendamientos, viáticos, servicios y mantenimiento— pero sin división por sede. Los informes cumplen con la Ley 1712 de 2014, que obliga a divulgar información mínima, pero no con el principio de comprensibilidad ciudadana. La norma exige publicar, no necesariamente explicar. Y ahí aparece la brecha: lo que se publica es técnicamente transparente, pero prácticamente poco claro .
En otras palabras: el problema no es el acceso, sino la accesibilidad al dato desagregado.
Las Resoluciones 218 de 2019 y 1134 de 2022 de la Cancillería obligan a las misiones a registrar y justificar sus gastos en el sistema interno SISE (Sistema de Información del Servicio Exterior). Pero ninguna exige que ese detalle se anuncie públicamente por sede. El control es administrativo, no ciudadano.
El académico neerlandés Mark Bovens, en The Concept of Public Accountability (2007, The Oxford Handbook of Public Management), sostiene que la rendición de cuentas implica tres pasos: informar, justificar y asumir consecuencias. Colombia cumple sólo el primero: informar. La falta de explicación y accesibilidad convierte la transparencia en un proceso técnico más que democrático.
Transparencia formal vs. rendición de cuentas real
Cuando informar no es rendir cuentas
Publicar información no equivale a rendir cuentas. La Ley 1712 de 2014 convirtió la divulgación pública en una obligación legal, pero muchas entidades aún la tratan como un trámite. El politólogo argentino Guillermo O’Donnell, en Horizontal Accountability in New Democracies (1998, Journal of Democracy), explicó que la accountability horizontal —el control entre instituciones del Estado— no sustituye la accountability vertical, aquella que permite al ciudadano supervisar y sancionar a sus gobernantes.
En el caso de la Cancillería colombiana, esa rendición vertical prácticamente no existe. La institución entrega información al Congreso y a la Contraloría, pero no al ciudadano migrante que financia sus servicios mediante tarifas consulares. Los informes cumplen la norma, pero no permiten control social.
La mirada comparativa: lo que hacen otros países
Mientras Colombia mantiene una transparencia macro y centralizada, otros países avanzan —con matices— hacia modelos más abiertos.
- España: el portal transparencia.gob.es reconoce la existencia de un documento titulado “Presupuesto anual y desglosado de cada una de las embajadas y consulados de España en el exterior”, gestionado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
( No obstante, ese archivo no está disponible para descarga directa: debe solicitarse formalmente bajo la Ley 19/2013 de Transparencia. Su mera mención en los registros oficiales demuestra un grado de trazabilidad mayor que en Colombia, donde un desglose similar ni siquiera se declara.)
- México: la Secretaría de Relaciones Exteriores publica estadísticas generales de gasto consular y programas de protección, pero no un desglose por consulado disponible al público (gob.mx/sre).
- Chile: su Ley 20.285 de Transparencia permite solicitar información específica por misión diplomática; sin embargo, auditorías del Consejo para la Transparencia de Chile han señalado vacíos en la documentación y actualización de los datos.
Comparativamente, Colombia publica informes nacionales, pero no el desempeño financiero de cada consulado. La comunidad migrante puede conocer el gasto global de la Cancillería, pero no cómo se traduce en servicios consulares.
Del dato al derecho: una transparencia sustantiva
El politólogo estadounidense Archon Fung, en The Political Economy of Transparency (2004), sostiene que la transparencia sólo fortalece la democracia cuando la información es usable, accionable y relevante. Publicar sin contexto es cumplir con la ley, pero no con la democracia.
La OCDE, en su informe OECD Integrity Review of Colombia: Investing in Integrity for Peace and Prosperity (2017), advierte que los gobiernos deben garantizar “acceso proactivo, formatos legibles y comprensión ciudadana” para que la transparencia se traduzca en confianza institucional. Hasta que esos principios lleguen al sistema consular, los colombianos en el exterior seguirán viendo la rendición de cuentas como un espejo empañado: refleja cifras, pero no realidades.
El costo creciente y el debate sobre prioridades consulares
Una red diplomática en expansión
En 2024, la Cancillería colombiana anunció la apertura de 17 nuevos consulados y 8 embajadas. Según Semana, esa expansión costaría más de 60.000 millones de pesos anuales. El objetivo oficial: “fortalecer la presencia global del país y mejorar la atención consular”.
Pero el aumento del gasto contrasta con la falta de indicadores públicos que midan la eficiencia o el impacto de esa inversión. El presupuesto crece, pero la información sobre resultados permanece dispersa o inexistente.
El contraste: burocracia en crecimiento, información estancada
Mientras las cifras del gasto aumentan, la calidad del acceso a la información no ha evolucionado. Los portales oficiales siguen publicando reportes globales, pero no informes de resultados por sede.
Así, la expansión diplomática se percibe más como un crecimiento burocrático que como una política basada en evidencia.
El medio Cambio documentó que la Embajada de Colombia en Roma adquirió un vehículo oficial por 774 millones de pesos para uso del entonces embajador Armando Benedetti. Aunque estos gastos son legales, su exposición pública sin contexto alimenta la percepción de uso discrecional de recursos.
Un debate necesario: eficiencia y justicia presupuestal
Si el Estado invierte miles de millones en nuevas sedes, el ciudadano tiene derecho a preguntar:
- ¿En qué medida mejorará la atención consular?
- ¿Qué mecanismos de control garantizan la proporcionalidad entre gasto y beneficio social?
- ¿Dónde se puede consultar esa información, en lenguaje claro y verificable?
Como recuerda la OCDE (2017), la confianza institucional depende de que la ciudadanía pueda seguir el rastro del dinero público “desde su asignación hasta su impacto”. En el caso consular, ese rastro todavía se interrumpe demasiado pronto.
El costo del desorden: el caos en los consulados
Cifras millonarias, servicios colapsados
Mientras los informes oficiales muestran una red diplomática en expansión, los testimonios de los colombianos en el exterior cuentan otra historia. En ciudades como Madrid, Miami, o Nueva York, conseguir una cita consular puede tomar semanas o incluso meses, con cancelaciones y fallos en la plataforma.
La Cancillería reconoció en 2023 un “colapso temporal del sistema de agendamiento” por alta demanda y falta de personal.
Pese a ello, no existe un informe público que relacione niveles de inversión con niveles de servicio. El dinero crece, pero el servicio no mejora.
El rostro visible de la opacidad
El artículo publicado en nuestro portal: Colapsan consulados de Colombia en el exterior: caos y quejas documenta cómo las filas se vuelven interminables y cómo muchos connacionales terminan viajando a otras ciudades o pagando intermediarios.
Esa ineficiencia operativa también es una forma de falta de rendición de cuentas: cuando la información presupuestal no se conecta con la experiencia del ciudadano, el gasto pierde legitimidad.
Una transparencia que debe empezar por el usuario
Si el presupuesto de la Cancillería crece cada año y el Fondo Rotatorio financia nuevos consulados, el resultado debería medirse en servicios dignos y accesibles.
De poco sirve publicar balances financieros si los colombianos no logran renovar su pasaporte o registrar a sus hijos sin enfrentar un muro digital.
La transparencia debe incluir indicadores de atención consular: citas disponibles, tiempos de respuesta, quejas resueltas y distribución de personal. Solo así las cifras presupuestales tendrán sentido social.
Conclusión — La transparencia también debe cruzar fronteras
La transparencia no es solo un principio legal, sino una forma de respeto hacia quienes sostienen al país desde fuera. Cada colombiano en el exterior tiene derecho a saber cuánto cuesta el Estado que lo representa y qué obtiene a cambio de sus contribuciones.
Mientras la Cancillería no traduzca sus cifras en información comprensible, las embajadas seguirán siendo edificios vacíos ante una ciudadanía que exige claridad. La rendición de cuentas —como la migración— no reconoce fronteras: ambas son movimientos que buscan un mejor destino.
Preguntas frecuentes sobre los consulados colombianos y su presupuesto
¿Dónde puedo consultar la ejecución presupuestal del Fondo Rotatorio?
En el portal oficial de la Cancillería, dentro del apartado Finanzas → Fondo Rotatorio, se publican reportes mensuales con la ejecución general por rubros, aunque sin detallar los montos de cada consulado.
¿Existe un desglose público por cada consulado?
No se publica de manera proactiva un desglose por sede. Sin embargo, cualquier ciudadano puede solicitar esa información bajo la Ley 1712 de 2014 sobre transparencia y acceso a la información pública.
¿Cómo puedo pedir información de un consulado específico?
Se debe radicar una solicitud en la plataforma PQRSD de la Cancillería, indicando el país, la sede y el tipo de gasto (funcionamiento, inversión o contratos). La entidad tiene un plazo legal para responder.
¿Qué países ofrecen más claridad sobre el gasto consular?
España y México permiten solicitudes formales de información desglosada por misión, y Chile publica reportes más detallados, aunque con menor frecuencia.
¿Qué indicadores mejorarían la rendición de cuentas?
Además de las cifras financieras, sería importante conocer el número de citas atendidas, tiempos de espera, quejas resueltas y costos operativos por sede. Así el gasto podría relacionarse con la calidad del servicio.